El día 12 de febrero, los peticionarios, Juan Francisco Errandonea Dobal, Jair Lima Krischke, Louis Joinet, Juan Eduardo Fagúndez Scapusio, Francesca Lessa, Pablo Simón Chargoñia Pérez, Federico Álvarez Petraglia, Mirtha Alcira Guianze Rodríguez, María Bernabela Herrera Sanguinetti, y el Observatorio Luz Ibarburu hemos presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra de la República Oriental del Uruguay. 

 Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando General Pedro Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de Respetar los Derechos; Derecho a la Integridad Personal; Derecho a la Libertad Personal; Garantías Judiciales; Igualdad ante la ley; y Derecho a la protección judicial.

 El 1 de marzo de 2017, la CIDH condenó contundentemente las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia. En ese entonces, el Relator para Uruguay, Comisionado Francisco Eguiguren, resaltó como las investigaciones tenían que conducirse “con debida diligencia hasta sancionar a los responsables.” Por otro lado, el Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, destacó como “las personas a las que se amenazó de muerte han tenido un rol muy significativo impulsando este tipo de causas y avanzando en el camino hacia la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad para que puedan seguir haciendo su trabajo con independencia y sin riesgos a su vida o integridad.”

 Nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido. Por esa razón, hemos decidido presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso no solo avanza con suma lentitud, sino que no detectamos ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. El 29 de enero de 2018, denunciamos la falta de avances en nuestra carta abierta al Señor Presidente de la República, Tabaré Vázquez, no recibimos ninguna respuesta. En la petición que entregamos a la CIDH vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en semana santa de 2016, la reciente vandalización de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país. 

 Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada. Dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la función que ellos y ellas ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos.