COMUNICADO

Expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos mencionados por la Asociación de Magistrados Judiciales (AMU) en un reciente comunicado de prensa, con relación a la indagación en el entorno familiar de una jueza, realizada por el hijo de un militar retirado condenado por graves violaciones a los derechos humanos.

La acción se dirige contra la jueza letrada de San José Dra. María Merlo. Con fecha 1º de junio de 2023 la jueza dictó un sólido fallo condenatorio contra el militar retirado Francisco Macaluso, por las torturas a la que eran sometidos los presos políticos alojados en el Batallón de Infantería Nº 6 de la ciudad de San José, en el año 1975. Este fallo de condena fue confirmado el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno, el que fijó la pena para el militar retirado en 12 años de penitenciaría. En el marco del debido proceso, el condenado ejerció oportunamente su derecho a presentar un recurso de casación ante la SCJ, actualmente en trámite.

Pablo Macaluso, hijo del condenado, decidió indagar el entorno familiar de la jueza y usar el resultado de esa indagatoria en una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia. El denunciante focalizó su investigación en la red social Facebook. Presentó capturas de pantalla que dan cuenta del pensamiento social o político de familiares de la jueza.

Hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia para que rechace estas acciones porque causan un grave daño a la jueza y a su familia. Coincidimos plenamente con la AMU en cuanto a que “La vida privada de los jueces y la de sus respectivas familias no puede ser producto de pesquisas secretas por parte de persona alguna, y desde ya expresamos que nuestros familiares no se encuentran alcanzados por ninguna incompatibilidad o prohibición establecidos por la Constitución de la República.”

Reafirmamos que la independencia judicial, factor clave en un estado democrático de derecho, debe verse libre de amenazas u hostigamientos. Denunciamos que esa indagatoria privada en el entorno familiar de una magistrada y su incorporación a un expediente administrativo, crean un inaceptable clima de intimidación y temor.