El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) respondió al pedido de acceso a la información del Observatorio Luz Ibarburu con datos que pueden dar nuevo impulso a la causa que investiga la desaparición forzada de Elena Quinteros en junio de 1976.

A partir de la información recibida, el Observatorio pidió al Juzgado Penal de 22º Turno medidas para el esclarecimiento de las responsabilidades sobre el secuestro. Entre ellas, el OLI solicitó que se requiera a los Archivos Judiciales Provenientes de la Justicia Militar (AJPROJUMI) un expediente de la Justicia Militar sobre la detención y procesamiento de una compañera de militancia de Elena y se cite a dos personas que pueden dar información relevante sobre el contexto en que se produce el secuestro de Elena y el departamento donde vivía.

En fecto, en diciembre pasado el OLI reclamó acceder a la información existente en el MDN que adjudicó a la División del Ejército I el inmueble donde vivía Elena cuando la secuestraron. El decreto-ley 14.373 -luego derogado en democracia- preveía la incautación de los bienes de “organizaciones subversivas”.

Según información del actual Comandante en Jefe del Ejército la vivienda era propiedad del ciudadano argentino Ricardo Antonolli y en 1985,cuando, en  cumplimiento de la ley  15.737 (la ley de amnistía), intentó reintegrársela, pero Antonolli no se presentó.Esa sería la razón que explica que el apartaemnto quedara en posesión del Estado. Más de cuarenta años después de los hechos, las FF AA siguen mintiendo pues ya en 1976 sabían que Ricardo Antonolli era la identidad falsa de un integrante del PVP y que por lo tanto nadie con ese nombre se presentaría a reclamar el inmueble. Citar a Antonolli formó parte de la operación para borrar las huellas de la responsabilidad de la dictadura en la desaparición de Elena. No solo había que hacer desaparecer a Elena sino también hacer desaparecer toda mención a ella.

El OLI publica en su totalidad la respuesta del Ministerio de Defensa. De allí surge el número de expediente del Juzgado Militar del 1er Turno en el que se dispuso la incautación, dato que se desconocía hasta el momento. El OLI tiene el convencimiento de que del mencionado expediente surgirá, una vez más, información sobre la forma en que la justicia militar buscaba ocultar sus conductas criminales y también elementos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y de la responsabilidad que a cuarenta y dos años del secuestro y la desaparición aún están pendientes.

 * Foto: Manuela Aldabe