El pasado jueves 1o de marzo la justicia debía resolver sobre el procesamiento con prisiónpedido por la fiscal Ana María Tellechea para los militares retirados Nelson Heber Coitinho y Hugo Andrés Garciacelay por el homicidio muy especialmente agravado del militante comunista Julián Basilicio López ocurrido hace cuarenta y tres años en el grupo de Artillería número 1. Lacausa, patrocinada por el Observatorio Luz Ibarburu, es una de las casi doscientas denuncias penales  estancadas desde hace más de una década, sin resolución. La audiencia judicial se suspendió ya que el expediente pasó a la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad que dirige el fiscal Ricardo Perciballe donde fue enviada para su estudio.

            Secuestro

            Diez hombres de civil con armas cortas y largas llegaron en las primeras horas del 31 de diciembre de 1975 a buscar a Julián Basilicio López a la casa de Piedras Blancas donde vivía con la mujer y el menor de los tres hijos. Ese día Yamandúhabía cumplido 18 años. Celebraron el cumpleaños en familia, López le regaló al muchacho su reloj Longines de oroy, pasada la medianoche, después de despedir a los hijos mayores, se fueron a dormir. En la madrugada los despertaron los golpes: “Revolvieron toda la casa buscando no sé qué, armas o algo”, declaró Yamandú treinta y seis años más tarde ante la jueza Mariana Mota. “Mi padre tenía un revolver 38 pero no lo encontraron porque estaba en el galpón. No se pudieron llevar nada porque no había nada para llevarse. Vi cuando lo llevaron esposado y lo entraron a un vehículo azul”.

            El 5 de enero un auto de la Policía estacionó frente a la casa. Les anunciaron que López había muerto y que debían retirar el cuerpo en el Hospital Militar.Les devolvieron la billetera y el carné de jubilado pero noles dieron ninguna información sobre la causa de muerte. Tampoco les permitieron verlo.“El velatorio fue a cajón cerrado y con un militar a cada lado del cajón que no dejaban acercar a nadie ni siquiera a mi madre ni a nosotros sus hijos”.

            López había llegado muy joven a Montevideo desde el pueblo Curtina, en el departamento de Tacuarembó. A principios de la década del sesenta se afilió al Partido Comunista y militó en la Unión de Obreros del Transporte (UNOT). Trabajó en el transporte hasta que se jubiló como empleado de Cutcsapero siguió haciendo fletes en un pequeño camión que había comprado con los ahorros. Le faltaban pocos días para cumplir 67 años.

            Dos meses después del secuestro, los militares volvieron a la casa de Piedras Blancas. Esta vez con un detenido encapuchado. “Nos dijeron que venían a buscar algo en casa y que si no lo encontraban nos iban a llevar a nosotros, es decir a mi mamá y a mí”, continúa Yamandú. Fueron directo al fondo, golpearon el piso de tierra hasta que encontraron el lugar, donde comenzaron a excavar. De allí sacaron unos documentos, se los llevaron junto al detenido y dejaron a dos oficiales por días en la casa.

            Operación Morgan

            El secuestro de López fue parte de la ofensiva desplegada por la dictadurapara aniquilar al Partido Comunista.Comenzó en octubre de 1975 y se extendió hasta fines del año siguiente.En la jerga militar se la llamó “Operación Morgan”.El Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que dependía de la División de Ejército I, a cargo del entonces general Esteban Cristi, estuvo al frente del vasto operativo represión quedejó doce muertos,nueve desaparecidos y cientos de militantes torturados y procesados por la justicia militar que fueron a cumplir sus condenas en el Penal de Libertad y en la cárcel de Punta de Rieles.

            Los hombres y mujeres secuestrados durante la Operación Morgan fueron llevados a centros clandestinos que el OCOA debió habilitar para la tortura sin plazo de tantas personas. Los llamaron “Infiernos”. Los principales funcionaron en la casa de Punta Gorda, en la llamada “Cárcel del Pueblo”, de la calle Juan Paullier, y en los fondos del Batallón de Infantería Blindada número 13, en Avenida de las Instrucciones.

            Como parte de la campaña oficial dirigida a difundir los éxitosde la lucha antisubversiva, a principiosde 1976 las Fuerzas Armadas inauguraron una exposición el Subte Municipal de Montevideo en la que exhibieron lo que supuestamente habían incautado en los operativos: fotos de avionetas, imprentas, locales partidarios, documentos y miles de fichas de afiliados. También convocaron a una conferencia de prensa en la que obligaron a dos militantes presos, a los que presentaron como comunistas arrepentidos, a revelar detalles de la actividad partidaria y llamar a la ciudadanía a refugiarse en la familia y no colaborar con la subversión.

            Vuelta en el aire

            Según la investigación que en la época condujo el juez de instrucción militarcoronel Mario Garrone, Julián López se suicidó al fin de un interrogatorio en el grupo de Artillería número 1 “La Paloma”. El oficial del S.2 Nelson Coitinho declaró queal terminar la sesión de interrogatorio sobre el “armamento encontrado en su domicilio” le ordenó al alférez Hugo Garcíacelay devolverlo a la celda: “el detenido le solicitó para ir al baño, conduciéndolo el alférez al mismo, haciéndolo detener en el pasillo que da al baño para desatarle las manos, lo que realizó, siendo en ese momento que el detenido en un movimiento brusco se apartó del señor alférez chocando contra la baranda dando una vuelta en el aire, cayendo al vacío de espalda, golpeándose fuertemente, primero contra la baranda de la escalera y luego contra los primeros escalones y resbalando hasta quedar el cuerpo detenido en el subsuelo”.

            Coitinho habría llamado al cabo Félix Machado y este al enfermero soldado de primera Julio Igarzábal, quien constató la muerte. Siempre según  la justicia militar, el médico militar capitán Nelson Marabotto, llegó al cuartel en la madrugada, corroboró el diagnóstico y ordenó que no tocaran el cuerpo. La declaración de Garcíacelayante el juez militar repite textualmente las palabras de Coitinho, tanto que sus dichos parecen copiados del acta de aquel. Garciacelay solo agregó que no pudo hacer nada para evitar la caída: “la actitud del detenido me tomó por sorpresa y por la rapidez con la que la efectuó no me dio tiempo a reaccionar”. El médico militar José Mautone firmó el certificado de defunción y elexamen necrópsico que establece como causa de muerte: “politraumatismo, con la hemorragia consecutiva”. Con las declaraciones de los interrogadores y la firma del médico, aun si la explicación de la circunstancia de muerte era inverosímil, el juez militar estuvo en condiciones de clausurar el expediente. “Al no surgir ni aun semiplena prueba de que hubiera cometido delito”, el 22 de enero de 1976ordenó archivarlo.

            El caso de López, como el de otros muertos en la tortura tienen rasgos comunes: la entrega del cuerpo en ataúd cerrado,la prohibición de abrirlo y una actuación de la justicia militar dirigida a convalidar la mentira montada en el cuartel, que tanto podía presentar la muerte como suicidio o como intento de fuga. Los torturadores  requerían de la intervención del juez y el médico militarpara cerraradministrativamente los expedientes. En este caso, la firma de Mautone, que se ha convertido en una auténticamarca de falseamiento,[1] aparece al pie del certificado de defunción y de la autopsia.

            Sin posibilidadmaterial ni moral de investigar o reclamar, las más de las veces la familia aceptaba en silencio el veredicto. “Los militares nos dijeron verbalmente ‘tu padre tuvo un accidente, se cayó, se golpeó la cabeza y se murió’ […] Nunca nos dieron certificado ni autopsia. La muerte de papá nos afectó muchísimo, yo me quedé con mamá a mi cargo, ella enfermó del corazón por eso”, testimonia Yamandú.

            Expediente inventado

            En 2006 el caso fue denunciado ante la justicia ordinaria pero recién en 2011 tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad se reanudó la investigación. La jueza Mariana Mota citó a los militares involucrados. La versión de los hechos que estos dieron en el Juzgado difiere radicalmente de la que habían ofrecido treinta y seis años antes al juez militar.Coitinho admitió que había sido oficial S2 en Artillería 1 pero negó queinterrogara detenidos yse escudó diciendoque había oído hablar por primera vez de López a raíz de su muerte: “Me entero de su presencia cuando me informan que había fallecido”. Coitinhofue el primero en declarar lo que luego repitieron los otros indagados:“el expediente fue hecho para justificar la muerte de ese hombre”.

            El militar retirado pretendió concentrar la responsabilidad del fraude en Washington Scala, jefe del Grupo de Artillería 1 de la época, muerto años atrás. De él habría partido la invención del suicidio así como el reparto de los roles que los declarantes debían ocupar en el episodio: “…viene con la orden de que el Grupo de Artillería tiene que hacerse cargo de justificar la muerte de este detenido y para ello Scala designa a las diversas personas que integrarían la explicación de esta muerte. Se empieza a hacer un sumario, donde se supone que nos llaman a declarar, a mi se me incluye como integrante del S2 en el interrogatorio junto a dos de los oficiales de menor jerarquía”. [Carlos Walter Casco Panzardo y Carciacelay].Coitinho dijo que ignoraba cómo había muerto López. Aunque reconoce que la versión militar “no se sostiene ni con alfileres” no pudo explicar por qué Scala dio la orden de hacerse cargo de una muerte ajena.

            Garcíacelayse declaró ignorante de todo lo referido al caso López. Admitió que en ese cuartel había presos perono pudo dar otrainformación que esa:“Yo no puedo decirle exactamente si todavía había porque yo no participaba en nada de eso. [….] El interrogatorio, no, porque no se interrogaba, al menos que yo sepa, yo no interrogué nunca”. Según él, si terminóinvolucrado en el expediente de López fue solo, literalmente, por azar: “…me dijeron que yo había sido sorteado entre los tres oficiales subalternos de la unidad, que eran Barboza, Casco y yo para ser quien lo trasladaba en la escalera cuando el detenido se suicidó. No recuerdo exactamente cómo fue que se me informó de eso, supongo que me dijeron qué era lo que se estaba elaborando”. El cabo Félix Machado, quien supuestamente había encontrado a López caído y había llamado al enfermero, dijo que nunca había visto a nadie herido y que la firma suya que luce en expediente militar es falsa.

            Aunque las declaraciones de los indagados tienen como propósito salvarse, descargando la culpa en un superior muerto y por lo tanto inimputable, sorprende la naturalidad con la que se refieren a los procedimientos fraudulentos de la justicia militar, que confirma la participación activade los jueces en la cadena de ocultamiento de la verdad.

            Prueba del asesinato

            Como parte de la investigación el Juzgado pidió al médico forense Guillermo López que examinara la autopsia.El forense señaló que el examen externo del cuerpo no había sido completo y que el documento carece de información importante, como detalles referentes, entre otros, al cráneo, que hubieran sido importantes dada la altura de la caída que se describe como causa de muerte. Concluyó que a la autopsia le habían faltado elementos para explicar la causa de la muerte”,estableció que el caso seguía siendo una “muerte sospechosa” y aconsejó exhumar el cuerpo.

            Se procedió a la exhumación y se encargó al Grupo de Arqueología Forense (GIAF) de la UDELAR el estudiode los restos. El informe de los arqueólogos, de 2015,fue decisivo para descartar la caída como causa de muerte: la pericia estableció que la patología observada en la columna hacía muy poco probable que López“hubiera podido dar un salto al vacío y/o una vuelta en el aire voluntariamente”. El estudio también indica que la séptima costilla no tenía fracturas, como afirma el informe de Mautone, mientras cuatro costillas del lado izquierdo sí lo estaban, información que la autopsia omite.

            En 2012, como es característico de la estrategia de la defensa de los militares, las abogadas de los imputados pidieron la clausura y el archivo de la denuncia contra Coitinho y Garcíacelary por prescripción del delito. Tres años después los Tribunales de Apelación rechazaron el pedido y la causa siguió adelante. Coitinho tiene otro pedido de procesamiento en la causa que se inició en 2007 por tortura y muerte del militante comunista Nuble Yic.

Fuente: Observatorio Luz Ibarburu.

Fotografía: Imagen del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF)