Ayer la jueza penal Julia Staricco citó a las personas amenazadas por el “Comando Pedro Barneix” para informarles del estado actual de la investigación. En la audiencia también estuvieron presentes la fiscal de cuarto turno Silvia Porteiroy funcionarios policiales afectados al caso. Según la magistrada hasta la fecha no se ha podido identificar el IP de quienes el 25 de enero de 2017 enviaron el correo electrónico con amenazas de muerte a un grupo de trece personas elegidas entre funcionarios públicos y personalidades nacionales y extranjeras vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Staricco explicó que las indagaciones se encaminaron a establecer la “trazabilidad” del mensaje con el fin de llegar a la identificación de los autores a través del origen del correo pero queel trabajo hecho con la colaboración de la Facultad de Ingeniería y el FBIno logró romper la codificación de las plataformas electrónicas desde las que fueron enviadas. Otras pericias forenses, como el análisis semántico del texto de la amenaza, tampoco aportaron información relevante.

 Al fin de la audiencia, la abogada del Observatorio Luz Ibarburu, Florencia Retamosa, enfatizó en la importancia de no circunscribir la investigación a los aspectos tecnológicos y la necesidad de ampliar el campo de investigación vinculando esta amenaza a otros hechos como el robo al laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en marzo de 2016 en la Facultad de Humanidades o la amenaza al Fiscal de Corte en noviembre pasado. A los hechos señalados por Retamosa hay que agregar las amenazas e intimidaciones también impunes que sufrió el periodista Roger Rodríguez y el coordinador ejecutivo del Observatorio Raúl Olivera, casos todos en los que el Estado no ha logrado establecer responsabilidades.

*Foto: Nicolás Celaya/adhocFotos