Los 35 años de lucha contra la impunidad
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LOS 35 AÑOS DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Cuando en diciembre de 1986, cediendo a las presiones de los militares el Parlamento se aprestaba a aprobar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, el entonces senador Luis Alberto Lacalle Herrera -padre del actual presidente de la Republica- expresaba:” Tenemos la sensación de que con esto cerramos un tiempo y, en ese sentido el país necesita definitivamente cerrar el de las memorias sombrías, convertirlas en un recuerdo que por definición se va a ir desvaneciendo. Tal es la sabiduría de la vida privada individual, pero también la de las colectividades de las naciones y de los pueblos”[1].
A Partir de la instalación de la democracia, familiares, victimas y organizaciones de derechos humanos acudieron ante el sistema judicial reclamando verdad y justicia. La ley de caducidad, fue el primer obstáculo, al que se sumaron las políticas estatales.
Superar esas dificultades, hizo necesario desarrollar distintas estrategias, tanto a nivel del país, como de otros sistemas judiciales.
Fueron 35 años, de una batalla contra el tiempo.
La larga lucha contra la impunidad, impidió que se cerrara un tiempo. A continuación, algunos elementos para un balance de los resultados.
1999
En 1999 se presentó denuncia por Familiares de detenidos Desaparecidos de ítalo – uruguayos ante la Justicia Italiana, Ese fue el origen del Juicio Plan Cóndor en Roma.
El 15 de diciembre 1999, ante el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 2do Turno, María del Carmen Almeida de Quinteros presenta un recurso de habeas data, por derecho a la verdad sobre su hija Elena Quinteros. Pese a lograr un fallo favorable en primera[2] y segunda instancia[3], el Estado-Ministerio de Defensa, no cumplió con esos fallos.
2001
El 14 de marzo, en el caso Barrios Altos Vs Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia en la que se establece que: que las leyes de amnistía dictadas por el Perú, son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos.
El 21 de junio la justicia Argentina libra exhorto al Uruguay, solicitando la concesión de la Detención Provisional o Preventiva con miras a la Extradición de José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y, Hugo Campos Hermida, en una causa iniciada en noviembre de 1999, por Sara Méndez y otras personas.
El 22 de noviembre diversas organizaciones de Derechos Humanos, varias personas y tres parlamentarios, radican una denuncia penal contra el coronel ® Manuel Cordero por apología al delito[4]. Antes de su procesamiento se fuga y se radica en Brasil.
2002.
El 18 de octubre, en la causa por la desaparición de la maestra Elena Quinteros[5] se decreta el enjuiciamiento y prisión del Sr. Juan Carlos Blanco Strade, imputado de ser autor del delito de Privación de libertad. Este fue el primer procesamiento por los crímenes del terrorismo de Estado. Luego de múltiples recursos, finalmente el 21 de abril del 2010, fue condenado a 20 años de prisión como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado de Elena Quinteros.
Ese año, se pudo identificar los restos de Roberto Gomensoro, desaparecido en marzo de 1973, gracias a una prueba de ADN de su cráneo que el forense que había analizado el caso, Emilio Enrique Laca Lanza, se había guardado.
2005.
El 1 de diciembre, un equipo técnico de antropólogos de la Universidad de la República, realiza el hallazgo de restos humanos en el Batallón de Infantería N° 13 los que, practicado el análisis de ADN y pericia antropológica forense se pudo determinar que pertenecían a Fernando Miranda Pérez.
2006.
El 8 de febrero de 2006 fueron hallados los restos de quien resultó ser Ubagesner Chávez Sosa, enterrado en una chacra de Pando.
Recién cuatro años después del primer procesamiento, en ese año se materializan 11 procesamientos en tres expedientes.
El 9 de febrero, el dictador Juan María Bordaberry Arocena[6], fue enjuiciado por atentado a la constitución, desapariciones forzadas[7] y homicidios políticos[8], en una causa iniciada en marzo de 2003. Finalmente, el 9 de febrero del 2010, será condenado a 30 años de prisión y 15 años de seguridad, como autor de un delito de atentado contra la Constitución en reiteración real con nueve crímenes de desaparición forzada y dos crímenes de homicidio político. Desde enero de 2007, cumplió prisión domiciliaria, hasta su muerte el 17 de julio de 2011.
El 11 de setiembre de 2006, se producirá el enjuiciamiento de José Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Ricardo Medina, Luis Maurente y Felipe Sande Lima, en la causa que se conocerá como la del 2°vuelo por un delito de Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de Asociación para delinquir. El 26 de marzo de 2009 todos serán condenados por 28 homicidio muy especialmente agravados[9], en reiteración real, a 25 años de prisión, con excepción de Ricardo Medina, Luis Maurente y Felipe Sande lima, que lo serán a 20 años. Juan Antonio Rodríguez Buratti, se suicida cuando iba a ser detenido y procesado.
El 16 de noviembre, enjuician a por segunda vez a Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, en esta oportunidad, por los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Guterrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo. Ambos serán condenados el 30 de junio de 2011, a 30 años de prisión como coautores de homicidios especialmente agravados.
2007.
El cierre del 2007, se produce con un nuevo enjuiciamiento; el ex dictador Gregorio Álvarez es enjuiciado como coautor de 37 homicidios y Juan Carlos Larcebeau por 29 homicidios[10]. Jorge Troccoli, que debía ser también imputado en esta causa, se fuja, radicándose en Italia. El 24 de octubre del 2009, Álvarez es condenado a 25 años, mientras que Larcebeau lo fue a 20 años
2009.
Luego de un 2008 sin novedades, el 7 de noviembre del 2009 se produce el enjuiciamiento de Pedro Walter Freitas Martínez y Nelson Bardecio Marzoa por coautores de homicidio muy especialmente agravado de Héctor Castagneto Da Rosa, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez González. Ambos son condenados el 4 de marzo del 2013 a 15 años y 6 meses de prisión. Miguel Sofia que también debía ser imputado, se fuga y es requerido internacionalmente. Otro indagado en dicha causa, Jorge Grau, fallece el 7 de octubre de 2009. Los condenados integraban grupos parapoliciales y paramilitares que actuaban clandestinamente y en forma sistemática efectuaban atentados, privaciones de libertad, torturas y homicidios, amparados por el gobierno de esa época.
2010.
El 6 de agosto, aunque posteriormente será revocado, se produce el procesamiento de José Gavazzo y Juan Carlos Gómez como coautor y autor de homicidio de Roberto Gomensoro.
El 8 de setiembre del 2010, complementando los procesamientos dictados en setiembre de 2006, es enjuiciado Ernesto Soca, por 28 homicidios perpetrados contra militantes del P.V.P, en el caso conocido como el 2° vuelo. El 13 de diciembre de 2010, será condenado a 15 años de prisión.
El 17 de setiembre se dispuso el enjuiciamiento con prisión de Carlos Calcagno, como coautor de dos delitos de desaparición forzada en reiteración real, de Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde.
El 8 de octubre, fueron procesados José Uruguay Araujo Umpires y Enrique Rivero por la desaparición de Ubagesner Chávez Sosa. El 6 de febrero de 2013, Rivero fue condenado a 19 años de prisión, mientras que Araujo a 17 años, como autor y coautor respectivamente
El 2010 se cierra con los procesamientos de Miguel Dalmao y José Chialanza, el 8 de noviembre por la muerte de Nibia Sabalsagaray. Dalmao es condenado el 29 de abril de 2013 a 28 años de prisión. El procesamiento del 8 de noviembre, tendrá mucha importancia, pues por primera vez, la Suprema Corte de Justicia, modificando conductas anteriores, declara la inconstitucionalidad de la ley de caducidad.
2011.
Luego de producirse en febrero del 2011 la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman, aunque no por a consecuencia de ella, se produce el 24 de marzo, el procesamiento de Gregorio Álvarez por la muerte de Roberto Luzardo. Este procesamiento será revocado en agosto de 2012.
En junio, tiene lugar el enjuiciamiento de Tranquilino Machado, por homicidio intencional de Ramon Pere. Es condenado el 22 de julio de 2013 a la pena de 4 años.
El 20 de julio de 2011, aunque el 17 de agosto de 2012, ambos serán revocados, son procesados por la muerte de Horacio Ramos, los militares Walter Cesar Gulla y Enrique Rivero.
El d22 de octubre a las 10:30 horas en la trinchera número 208 se localizó el cuerpo, y luego de las pericias de ADN, se comprobó que era el maestro Julio Castro[11].
El 31 de octubre de 2011, son procesados Alberto Gómez y -Arturo Aguirre, en la causa en la que se investigaba la actuación del comando caza tupamaros relacionada con el caso de Gerardo Alter. En el 2014, ambos serán condenados por homicidio muy especialmente agravado Otro indagado, Hermes Tarigo, es requerido internacionalmente por Interpol.
El 27 de octubre, en la causa que se investigaba la causa sobre el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman y la apropiación de su hija Macarena, son procesados, José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Medina, y es solicitada a Brasil la extradición de Manuel Cordero. Todos ellos serán condenados a 30 años de prisión el 14 de febrero de 2017 a 30 años de prisión.
Manuel Cordero será finalmente extraditado a la Argentina donde será condenado.
2012.
El 6 de marzo de 2012, en la causa de la desaparición del maestro Julio Castro, se resuelve el procesamiento de Ricardo Zabala, aunque posteriormente en el 2014 el mismo será revocado, como cómplice de homicidio especialmente agravado.
El 16 de marzo, el Equipo Argentino de Antropología Forense ubicaron en el Batallón 14 de Toledo, los restos óseos de Ricardo Alfonso Blanco Valiente desaparecido el 15 de enero de 1978.
2014.
El 2014, las únicas novedades se producen el 22 de mayo, en la causa por la desaparición del maestro Julio Castro, en la que se revoca el procesamiento de Ricardo Zabala dictado el 6 de marzo de 2012, y se procesa a José Nino Gavazzo como coautor de homicidio muy especialmente agravado. Gavazzo será condenado el 22 de abril de 2020 a 25 años de prisión.
2015.
El 2 de setiembre, son procesados José Puigvert y Washington Perdomo por su responsabilidad en el asesinato de Aldo Perrini,. Pedro Barneix que debía ser procesado ese día, se suicida. José Puigver es condenado en el 2018 a la pena de 22 años, mientras que Washington Perdomo fallece antes de ser condenado.
2016.
El 13 de octubre es procesado por el delito de privación de libertad, Asencio Lucero en la causa en que se denuncian delitos sexuales.
2017.
El 17 de enero de 2017 un Tribunal de Italia dicta Sentencia declarando culpable a Juan Carlos Blanco por los homicidios de Daniel Banfi; Gerardo Gatti; María. Emilia Islas; Bernardo Arnone; Juan Pablo Recagno y lo condena a Cadena Perpetua. Y absuelve a Pedro Mato; Jorge N. Troccoli; José R. Arab; José Gavazzo; Juan C. Larcebeau; Luis Maurente; Ricardo Medina; Ernesto Ramas; José Felipe Sande; Jorge Silvera; Ernesto Soca; Gilberto Vázquez. Esta causa presentada contra la coordinación de las dictaduras militares en América del Sur denominado Plan Cóndor., es apelada ante un tribunal de apelaciones.
El 6 de abril es procesado Rodolfo Gregorio Álvarez por su responsabilidad en torturas contra detenidos en La Tablada. Álvarez es condenado el 28 de junio de 2019 a la pena de 6 años de prisión.
El 19 de setiembre por disposición de la Suprema Corte de Justicia, se crean los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de 22º y 23º turnos, los cuáles absorben y continua con la tramitación de la totalidad de los expedientes de 1ºy7º, y 2ºy8º turnos respectivamente, los que a partir de esta fecha se suprimen.
2019.
El 18 de febrero de 2019, son procesados, Placido Gregorio Amorin y Artigas Walter Rivera por abuso de autoridad contra los detenidos en Laguna del Sauce.
El 8 de Julio de 2019 la Corte de Apelaciones de Roma, dictó la Sentencia confirmando el Fallo de 1ra. Instancia sobre Juan Carlos Blanco y declaro a Pedro Mato; José Gavazzo; José R. Arab; Ricardo Medina; Luis A. Maurente; José Felipe Sande; Ernesto Soca; Ernesto Ramas; Jorge Silveira; Gilberto Vázquez; Jorge Troccoli; Juan Carlos Larcebeau, responsables del delito de homicidio voluntario pluriagravado, y Condena a cada uno de ellos a la Pena de Cadena Perpetua y al pago de los costos procesales de del juicio. La causa actualmente se encuentra elevada a casación[12].
El 27 de agosto son ubicados en el batallón 13 de Infantería, los restos de Eduardo Bleier Horovitz,
En octubre, el abogado italiano Dr. Andrea Speranzoni, se presentó ante el Público Ministerio de la Fiscalía de Roma, en el marco de las investigaciones a Jorge Troccoli por Secuestro y homicidio de la italiana Rafaela Filipazzi[13], y el Secuestro y complicidad en el homicidio agravado de Elena Quinteros.
El 29 de noviembre son formalizados en el primer juicio encuadrado en el nuevo Código del Proceso penal, Hugo Guillén, Wisthon Vitale y Alejandro Ferreira por privación de libertad agravado, abuso de autoridad y lesiones graves. En Los Vagones de Canelones.
2020.
El 26 de marzo es procesado Lawrie Rodríguez y es solicitada la extradición a la Argentina de Manuel Cordero, por el homicidio muy especialmente agravado de Iván Morales.
El 22 de mayo son procesados por abuso de autoridad contra los detenidos en Florida, José María Cabrera Rivas, Andrés Daniel Quintana García.
El 10 de junio es procesado Leonardo Vidal como presunto autor penalmente responsable de un delito de homicidio de Nelson Berreta.
En Julio. a solicitud de la Procuraduría de la República ante el Tribunal de Roma, se realizaron en sede judicial de Uruguay, audiencias testimoniales con las autoridades judiciales italianas, referentes a la desaparición de Elena Quinteros.
El 10 de julio luego de ser capturado por Interpol, es procesado Miguel Sofia por asociación para delinquir y homicidio.
Tres días después, el 13 de julio es procesado por privación de libertad y abuso contra detenidos en la Guardia Republicana Tabaré Sartorio.
Dos días después, son procesados Jorge Gundenzoph y José Lemos por privación de libertad y abuso contra detenidos en la DNII.
El 28 de julio es procesado Nelson Heber Coitinho como autor homicidio muy especialmente agravado y Hugo Garciacelay Odera, como coautor en el asesinato de Julián Basilicio López.
En agosto se produce el último procesamiento hasta la fecha, Víctor Stocco es enjuiciado por Privación de libertad y abuso de autoridad en Laguna del Sauce.
Observatorio Luz Ibarburu
30/11/2020.
[2] El 10 de mayo de 2000, la justicia uruguaya condenó al Estado a investigar la desaparición de la maestra Elena Quinteros.
[4] El 27 de setiembre de 2001 Cordero había realizado en un reportaje al semanario Búsqueda, declaraciones reivindicando conductas delictivas cometidas por las fuerzas armadas durante la dictadura.
[5] La causa se inició en 1990 contra Juan Carlos Blanco, luego que este fuera librado de responsabilidad por el Senado de la Republica, donde Blanco había sido electo por el Partido colorado. La desaparición de Elena Quinteros había sido denunciada por primera vez el 27 de febrero de 1985. Luego del procesamiento de Blanco, hasta la fecha, no se ha imputado a ninguno de los otros civiles y militares responsables.
[6] Bordaberry, asumió la presidencia de la República Oriental del Uruguay en marzo del año 1972, luego de haber triunfado en las elecciones nacionales celebradas en noviembre de 1971. Durante su mandato, el 14 de abril de 1972, se aprueba el estado de guerra interno, la ley de seguridad del Estado, finalmente el 27 de junio de 1973 disolvió con el apoyo de las fuerzas armadas el parlamento (Decreto N° 464/ 73).
[7] José Arpino Vega (18/4/74); Eduardo Pérez Silveira (5/5/74); Luis Eduardo González González (13/12/74); Eduardo Bleier Horovitz (29/10/75); Juan Manuel Brieba (30/10/75); Carlos Arévalo Arispe (15/12/75); Julio Gerardo Correa Rodríguez (16/12/75); Otermín Montes de Oca Domenech (17/12/75); Horacio Gelós Bonilla (2/1/76).
[8] Ubagesner Chávez Sosa (28/5/76) y Fernando Miranda Pérez (30/11/75).
[9] Adalberto Waldemar Soba Fernández, Gerardo Francisco Gatti Antuña, León Gualberto Duarte Luján, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Ary Cabrera Prates, Cecilia Susana Trias Hernández, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Segundo Chejenian Rodríguez, Graciela Teresa Da Silveira Chiappino, Rafael Laudelino Lezama González, Miguel Angel Moreno Malugani, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, Washington Domingo Queiro Uzal, Josefina Kleim o Keim Lledo de Morales, Washington Kram González, Ruben Prieto González, Julio Oscar Rodríguez Rodríguez, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Miguel Morales Von Pieverling, Walner Ademir Bentancour Garin, Mario Roger Julien Cáceres, Victoria Lucía Grisonas de Julien, Raúl Nestor Tejera Llovet, Juan Pablo Recagno, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Armando Bernardo Arnone Hernández y Juan Pablo Errandonea Salvia,
[10] José Enrique Michelena Bastarrica, Graciela Susana De Gouveia Gallo, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, lleana Sara María García Ramos, Julio César D'Elia Pallares, Yolanda Iris Casco Gelphi, Guillermo Manuel Sobrino Berardi, Gustavo Alejandro Goycochea Camacho, Graciela Noemí Basualdo Noguera, Carlos Federico Cabezudo Pérez, Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura Gularte, Miguel Angel Río Casas, Aída Celia Sanz Fernández, Elsa Haydée Fernández Lanzani, Célica Elida Gómez Rosano.
[11] Los médicos Rosana Manikowski, Rafael Roo y María Imbert elaboraron un informe médico-legal en el que se establece la existencia de lesiones óseas y «el hallazgo de ligaduras de ambas manos en posición anterior, con nudo fuertemente ajustado así como un alambre asociado a la región de los tobillos y un fragmento de costilla con fractura de características perimortem permiten establecer la situación de apremios físicos asociados al momento de la m.
[12] Luego del dictado de la Sentencia de Apelación se dispuso que Jorge Troccoli (el único uruguayo que reside en Italia y tiene ciudadanía de ese país), debe permanecer en el lugar de su residencia. Le retuvieron toda la documentación, inclusive libreta de conducir.
[13] Rafaela Filipazzi y Agustín Potenza, provenientes de Argentina, fueron secuestrados en 1977 en el Hotel Hermitage de Montevideo, por Fusileros Navales y trasladados ilegalmente a Asunción y sus restos óseos hallados en Paraguay en el 2013.