El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe pidió nuevas medidas probatorias y de procedimiento en la causa de Treinta y Tres que patrocina el Observatorio Luz Ibarburu.                                                    

            En abril de 1975 el Ejército detuvo a treinta y nueve niños y jóvenes  militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) que tenían entre 13 y 18 años que fueron torturados en el Batallón de Infantería número 10.El caso es uno de los episodios más graves de la represión dictatorial por la edad de las víctimas y la magnitud de los derechos violados.

            El 31 de octubre de 2011 las víctimas presentaron una denuncia penal y en abril del año siguiente ratificaron la declaración en el juzgado donde dieron el nombre de los militares responsables. Sin embargo, como observa Perciballe en el escrito que presentó a la actual jueza del caso Patricia Techera, en “siete años de instrucción no ha declarado un solo indagado, es más no se han dignado a comparecer a la Sede Judicial”. En efecto, como parte de la  estrategia de obstrucción de la justicia, la defensa de los militares retirados Rubi Daniel Feola Núñez, Pedro Buzo Correa, Juan Luis Alvez García y MohacirLeiteUrioste pidió el archivo del expediente alegando la prescripción de los delitos. A su vez el médico Hugo Díaz Agrelo (ahora fallecido) pidió una excepción de inconstitucionalidad que paralizó la causa entre junio de 2012 y julio de 2014. Con estos recursos los indagados lograron detener la instrucción con cuestiones de procedimiento ajenas al centro del caso. “De los siete años de instrucción, cuatro se consumieron en resolver incidentes que debieron sustanciarse en piezas aparte”, concluyePerciballe.

            El escrito ratifica la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la obligación del Estado de cumplir con las obligaciones que surgen de la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman en el sentido de que no puede haber normas que obstaculicen la investigación y sanción de los delitos por graves violaciones a los derechos humanos.

            Perciballesolicitó una serie de medidas, entre las que pidióse proceda a conducir a cuatro militares que hace más de un año fueron citados  a declarar y no se presentaron: “Cuando son citados policía y/o militares a declarar sobre temas vinculados al pasado reciente, no se presentan a la Sede y solo comparecen sus defensas (mediante escrito) a interponer la excepción de prescripción. Hecho constatable en el presente y que no se corresponde con lo que hacen los restantes ciudadanos del paísque cumplen con su obligación de concurrir ante la citación de un Magistrado. Razón por la cual, solicita que se dé igual tratamiento a los citados en el presente que a los restantes indagados en las innumerables causas existentes en la Sede”.

            Perciballe también solicitó una inspección ocular en el Batallón, que se oficie al Equipo Especial Auxiliar de la justicia en crímenes de terrorismo de Estado del Ministerio del Interior para identificar y citar a otros siete militares señalados por las víctimas como responsables de la tortura, y que se libre exhorto a Chile para pedir la extradición del militar retirado Wellington SarliPosse. Entre las medidas probatorias pidió que se oficie al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina para que haga un informe sobre las posibles consecuencias provocadas por el tipo de tortura que los jóvenes y las muchachas sufrieron en el cuartel.