El pasado miércoles 4 se realizó una inspección ocular en dependencias del Grupo de Reserva Táctica de la Jefatura de Montevideo, donde antes funcionó la Guardia Metropolitana, en la calle Magallanes 1620. Allí entre julio y setiembre de 1974 fueron torturados militantes de la Juventud Comunista (UJC) que formaban parte del Encuentro Nacional de Estudiantes (ENE). En la inspección participaron la fiscal Silvana Irureta, el juez de la causa Nelson dos Santos, el Coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, la abogada del Observatorio Fiorella Garbarino, los denunciantes y los testigos, quienes recorrieron las instalaciones como parte de la prueba ordenada por el juez para el reconocimiento del lugar donde ocurrieron los hechos.

            La historia de esta denuncia es un ejemplo de la ausencia de un política de persecución penal de los delitos de lesa humanidad y pone de manifiesto las dilaciones que perpetúan la impunidad. La denuncia por secuestro y torturas se inició en 2012. Al año siguiente los denunciantes la ratificaron pero tuvieron que esperar hasta 2016 para declarar en una segunda audiencia. Después poco o nada se hizo para avanzar en la investigación. Durante casi todo el año 2015 el expediente estuvo perdido en la Fiscalía. En 2017 el único movimiento de la causa fue la citación para la inspección ocular, suspendida dos veces en el correr de ese año, y que, por fin, se concretó ayer 4 de abril, seis años después de pedida. Por otro lado, aunque los denunciantes identificaron a sus torturadores, los integrantes de la Metropolitana, Tabaré Sartorio Guimaraens, Ayelmiro Pereira y Víctor Hugo Volpi, hasta el momento no han sido citados a declarar. 

            Operativo “Limpieza”

            Con la ilegalización del Partido Comunista los servicios de inteligencia del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada se reunieron en la Región Militar número 1 para ejecutar la operación que llamaron “Limpieza”, que consistía  la “ocupación de todos los locales del Partido Comunista del Uruguay y la detención de sus dirigentes principales, como así también de los locales y dirigentes de la Unión de las Juventudes Comunistas del Uruguay” (Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985).

            Los estudaintes detenidos en la Guardia Metropolitana estuvieron colgados, padecieron plantones, golpes, amenazas, insultos y manguerazos de agua helada. Además de los mencionados, los testimonios también señalan la responsabilidad de la jefatura de la Guardia Metropolitana pues la magnitud de las detenciones y las torturas evidencia que no pudieron hacerse sin conocimiento de las autoridades. Por esa razón la denuncia incluye al jefe de la Guardia Metropolitana Uruguay Ubaldo Genta, quien no podrá comparecer ante la justicia pues murió en 2011. El Hospital Policial hoy lleva su nombre.

            Impunidad en democracia

            Pereira (1945) y Sartorio (1938) son hombres con larga trayectoria en la Guardia Metropolitana. El primero ingresó a la Metropolitana a fines de la década del sesenta y se retiró con el grado de Inspector General. En 1973 ganó una beca para asistir a los cursos de formación en la Academia Internacional de Policía en Wahsington, y en mayo de 1976 lo distinguieron por su actuación en la guardia que se encargó de la seguridad del dictador Augusto Pinochet cuando vino a Uruguay. En la década del noventa estuvo en el Ministerio del Interior; en el año 2000 era el subdirector de la Dirección Nacional de Migración. Culminó su carrera como jefe de Policía de Cerro Largo (2001-2005).

            Sartorio ingresó a la Metropolitana en 1963 y también se retiró como Inspector General. Dictó clases en la Escuela Nacional de Policía en las materias “Relaciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas”; “Nociones de Inteligencia”; “Defensa interna” y “Delincuencia internacional”. En 1976 fue Jefe de la custodia policial de la Presidencia de la República pero lo relevaron un año más tarde “por conducta inconveniente” con una funcionaria de las secretaría del Presidente. Ya en democracia revistó en el Ministerio del Interior y llegó a ser jefe del Estado Mayor Policial. Subjefe de Policía de Artigas, también fue jefe de Policía del Flores entre 2005 y 2007.

            Inacción de la Suprema Corte

            El año pasado el Observatorio pidió información a la Suprema Corte de Justicia para acceder a los informes que, por obligación legal, los jueces penales deben elevar al máximo tribunal explicando los motivos de las demoras en la tramitación de las causas por delitos de lesa humanidad.El Observatorio también pidió a la SCJ que informara las medidas tomadas en cada caso.

            La Corte contestó fuera de plazo y sólo parcialmente: reconoció que no había recabado informes circunstanciados de las causas, y no concedióel acceso a los informes que tenía en su poder.

            A la fecha, el Observatorio no ha logrado obtener la información requerida. Las razones por las que los jueces pretenden justificar los atrasos permanecen ocultas para la sociedad y el máximo órgano judicial no toma medidas. Los denunciados mueren impunes o continúan sus carreras en democracia como si nada hubiera sucedido. Mientras tanto, las víctimas transitan por los juzgados exigiendo que alguna vez  se haga justicia.